(continuación)
El Gobierno, tras el requerimiento ante el TC, aclaró que el tema es de constitucionalidad y deberá resolverlo ese tribunal. "Eso significa que el ministro admite que presentó una indicación inconstitucional al Congreso, y eso no habla bien de él", agrega Espina.
Pero, consultado, el ministro Maldonado aseveró que la voluntad del Ejecutivo "es la que se expresó en el proyecto enviado al Congreso", y enfatizó en que los puntos objetados y sacados del proyecto dejaron de representar a La Moneda.
Sin sustento en el TC
El otro "acusado"es el radicalismo. Considerado uno de los oficialistas más disciplinados, esta vez su voto favorable a la indicación desató ácidas críticas de los diputados DC-PPD-PS, quienes inculparon a sus colegas radicales de actuar bajo orden del ministro Maldonado, de la misma tienda -quien rechaza cualquier acusación de concomitancia-, y del timonel radical, José Antonio Gómez.
El mismo zanja el tema: "No es razonable que una ley no aplique a un delincuente juvenil siquiera dos años de régimen cerrado para que se rehabilite, ya que hablamos de delitos gravísimos", asevera Gómez, molesto.
Delitos que -como afirman Gómez y Espina- implicarían hasta una pena de presidio perpetuo calificado (40 años), de ser cometidos por adultos. Por eso, el ex ministro de Justicia afirma que su partido no está dispuesto a legislar en temas que son de seguridad pública sin pensar también en las víctimas.
"Voy a votar siempre de acuerdo a mi conciencia, y a lo que creo que es lo mejor para la protección de las víctimas, aunque la Concertación se enoje. Y no lo voy a transar", sentencia Gómez, junto con afirmar que es bueno que este tema lo resuelva de una vez el TC.
¿Cómo se viene la mano allí?
Pese a que el recurso se acogió el jueves a tramitación, y a que los fundamentos redactados por el diputado PS Juan Bustos estarían bien hechos, fuentes del TC estiman que el recurso, en cuanto a su esencia, sería discutible y carecería de sustento.
"Es un poco forzado", admiten desde el tribunal.
El TC oficiará al Congreso y al Ejecutivo para que emitan su opinión. Pero en el tribunal hay dudas de que La Moneda decida emitir algún juicio. Mientras, el trámite del resto del proyecto continúa, esperando al TC.
Problemas de una sanción única
Para el abogado y asesor de UNICEF, Miguel Cillero, el problema de la indicación es el establecer una sanción única. Esto, ya que privaría al juez de ponderar en el caso concreto el aplicar un régimen semicerrado, lo que llevaría a arbitrariedades y a que jóvenes reincidentes que cometan delitos no graves, en función de sus agravantes, se encierren por dos años. "¿Importa que un joven de 17 años, que cuando tenía 14 cometió un delito contra la propiedad, y que hoy comete una reincidencia, por ley se encarcele dos años?", pregunta. El experto argumenta que en casi todo el mundo la privación de libertad para los jóvenes, aún en los delitos más graves, es algo que el juez puede ponderar.
La disputa que "debió ser jurídica y no política"
Con el PRSD en medio, resurge la ancestral discusión sobre las dos "manos" en el mundo político al tratar la delincuencia: la de la Concertación, tildada por la derecha de ser en extremo garantista y pro delincuente, y la de la oposición, acusada por de ser en exceso punitiva y que no entiende las causas sociales del problema.
El senador Alberto Espina denuncia que la Concertación tiene un "doble discurso inaceptable. En período de campaña son los adalides de la seguridad ciudadana, pero terminada ésta olvidan a las víctimas y se transforman en los defensores de los delincuentes".
Espina ejemplifica que en ningún país del mundo un delincuente juvenil de entre 16 y 18 años, y que cometa un robo con homicidio, su máxima sanción sea un régimen semicerrado, como bien podría determinar un juez con la nueva ley, de no mediar la cuestionada indicación.
Pero el diputado Jorge Burgos tilda al senador RN de "demagogo", y aclara que es obvio que "para delitos horrendos, en el 99,9% de los casos los jueces van a dejar al delincuente adentro". Precisa que la facultad del juez para decretar régimen cerrado o semicerrado está destinada a delitos de menor peligrosidad.
Según Burgos, la derecha cree que la solución del delito sólo pasa por más represión y penas altas, pero también es necesario, como en este caso, dar posibilidades a los jóvenes de reinserción. "No se puede presumir por esto que uno está por los derechos de los delincuentes. Eso es ramplón", replica.
Para el senador José Antonio Gómez, en tanto, no se trata de ser o no garantistas, sino de ser justos. "Y como ser justos es un término subjetivo, eso lo deciden, finalmente, las mayorías que votan", asevera.
Ejemplificando con la indicación, cree que lo que se produjo y se ha producido siempre es una disputa política y no jurídica entre los diputados de gobierno y oposición, "lo que es un error, en temas tan serios como la seguridad", dice.
Para el senador PS y presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Muñoz, la polémica por la indicación debiera originar un gran debate sobre si la legislación es, de verdad, garantista. Pero advierte que, más que un tema parlamentario, el garantismo depende en gran medida del criterio de los jueces al aplicar las penas.
"La Alianza, exageradamente, ha hecho su razón de ser el decir que el Gobierno no combate la delincuencia, pero el problema es de la justicia. No es un problema político que un juez en Arica deje libres a decenas de narcotraficantes de grueso calibre", ejemplifica Muñoz.
"Lo que sí nos puede diferenciar con la oposición -prosigue- es que no todo puede ser resuelto con leyes represivas".
Para otro firmante del requerimiento al TC, el diputado PS Fidel Espinoza, no es que la Concertación esté a favor de los delincuentes, sino que, "a diferencia de la Alianza, creemos que hay jóvenes que pueden ser salvados de la delincuencia".
Espinoza distingue entre rehabilitar en recintos cerrados y semicerrados. "Encerrados entre puros jóvenes delincuentes, no rehabilitables, muchos que sí pueden rehabilitarse se perderían" de operar la indicación, advierte.
Todos estos argumentos carecen de valor para Alberto Espina, ya que la ley buscará la rehabilitación de todos los delincuentes jóvenes, obligando a que en su encierro tengan rehabilitación de drogas y alcohol; terminen su escolaridad y aprendan un oficio. "La Concertación nunca ha entendido el valor que tienen los derechos humanos de las víctimas", lamenta Espina. Es por eso que propondrá establecer un "Día de la Víctima", en la que se recuerden los horrores de la delincuencia. "Tal como hoy existe un Día de los Detenidos Desaparecidos", justifica.
El Gobierno, tras el requerimiento ante el TC, aclaró que el tema es de constitucionalidad y deberá resolverlo ese tribunal. "Eso significa que el ministro admite que presentó una indicación inconstitucional al Congreso, y eso no habla bien de él", agrega Espina.
Pero, consultado, el ministro Maldonado aseveró que la voluntad del Ejecutivo "es la que se expresó en el proyecto enviado al Congreso", y enfatizó en que los puntos objetados y sacados del proyecto dejaron de representar a La Moneda.
Sin sustento en el TC
El otro "acusado"es el radicalismo. Considerado uno de los oficialistas más disciplinados, esta vez su voto favorable a la indicación desató ácidas críticas de los diputados DC-PPD-PS, quienes inculparon a sus colegas radicales de actuar bajo orden del ministro Maldonado, de la misma tienda -quien rechaza cualquier acusación de concomitancia-, y del timonel radical, José Antonio Gómez.
El mismo zanja el tema: "No es razonable que una ley no aplique a un delincuente juvenil siquiera dos años de régimen cerrado para que se rehabilite, ya que hablamos de delitos gravísimos", asevera Gómez, molesto.
Delitos que -como afirman Gómez y Espina- implicarían hasta una pena de presidio perpetuo calificado (40 años), de ser cometidos por adultos. Por eso, el ex ministro de Justicia afirma que su partido no está dispuesto a legislar en temas que son de seguridad pública sin pensar también en las víctimas.
"Voy a votar siempre de acuerdo a mi conciencia, y a lo que creo que es lo mejor para la protección de las víctimas, aunque la Concertación se enoje. Y no lo voy a transar", sentencia Gómez, junto con afirmar que es bueno que este tema lo resuelva de una vez el TC.
¿Cómo se viene la mano allí?
Pese a que el recurso se acogió el jueves a tramitación, y a que los fundamentos redactados por el diputado PS Juan Bustos estarían bien hechos, fuentes del TC estiman que el recurso, en cuanto a su esencia, sería discutible y carecería de sustento.
"Es un poco forzado", admiten desde el tribunal.
El TC oficiará al Congreso y al Ejecutivo para que emitan su opinión. Pero en el tribunal hay dudas de que La Moneda decida emitir algún juicio. Mientras, el trámite del resto del proyecto continúa, esperando al TC.
Problemas de una sanción única
Para el abogado y asesor de UNICEF, Miguel Cillero, el problema de la indicación es el establecer una sanción única. Esto, ya que privaría al juez de ponderar en el caso concreto el aplicar un régimen semicerrado, lo que llevaría a arbitrariedades y a que jóvenes reincidentes que cometan delitos no graves, en función de sus agravantes, se encierren por dos años. "¿Importa que un joven de 17 años, que cuando tenía 14 cometió un delito contra la propiedad, y que hoy comete una reincidencia, por ley se encarcele dos años?", pregunta. El experto argumenta que en casi todo el mundo la privación de libertad para los jóvenes, aún en los delitos más graves, es algo que el juez puede ponderar.
La disputa que "debió ser jurídica y no política"
Con el PRSD en medio, resurge la ancestral discusión sobre las dos "manos" en el mundo político al tratar la delincuencia: la de la Concertación, tildada por la derecha de ser en extremo garantista y pro delincuente, y la de la oposición, acusada por de ser en exceso punitiva y que no entiende las causas sociales del problema.
El senador Alberto Espina denuncia que la Concertación tiene un "doble discurso inaceptable. En período de campaña son los adalides de la seguridad ciudadana, pero terminada ésta olvidan a las víctimas y se transforman en los defensores de los delincuentes".
Espina ejemplifica que en ningún país del mundo un delincuente juvenil de entre 16 y 18 años, y que cometa un robo con homicidio, su máxima sanción sea un régimen semicerrado, como bien podría determinar un juez con la nueva ley, de no mediar la cuestionada indicación.
Pero el diputado Jorge Burgos tilda al senador RN de "demagogo", y aclara que es obvio que "para delitos horrendos, en el 99,9% de los casos los jueces van a dejar al delincuente adentro". Precisa que la facultad del juez para decretar régimen cerrado o semicerrado está destinada a delitos de menor peligrosidad.
Según Burgos, la derecha cree que la solución del delito sólo pasa por más represión y penas altas, pero también es necesario, como en este caso, dar posibilidades a los jóvenes de reinserción. "No se puede presumir por esto que uno está por los derechos de los delincuentes. Eso es ramplón", replica.
Para el senador José Antonio Gómez, en tanto, no se trata de ser o no garantistas, sino de ser justos. "Y como ser justos es un término subjetivo, eso lo deciden, finalmente, las mayorías que votan", asevera.
Ejemplificando con la indicación, cree que lo que se produjo y se ha producido siempre es una disputa política y no jurídica entre los diputados de gobierno y oposición, "lo que es un error, en temas tan serios como la seguridad", dice.
Para el senador PS y presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Muñoz, la polémica por la indicación debiera originar un gran debate sobre si la legislación es, de verdad, garantista. Pero advierte que, más que un tema parlamentario, el garantismo depende en gran medida del criterio de los jueces al aplicar las penas.
"La Alianza, exageradamente, ha hecho su razón de ser el decir que el Gobierno no combate la delincuencia, pero el problema es de la justicia. No es un problema político que un juez en Arica deje libres a decenas de narcotraficantes de grueso calibre", ejemplifica Muñoz.
"Lo que sí nos puede diferenciar con la oposición -prosigue- es que no todo puede ser resuelto con leyes represivas".
Para otro firmante del requerimiento al TC, el diputado PS Fidel Espinoza, no es que la Concertación esté a favor de los delincuentes, sino que, "a diferencia de la Alianza, creemos que hay jóvenes que pueden ser salvados de la delincuencia".
Espinoza distingue entre rehabilitar en recintos cerrados y semicerrados. "Encerrados entre puros jóvenes delincuentes, no rehabilitables, muchos que sí pueden rehabilitarse se perderían" de operar la indicación, advierte.
Todos estos argumentos carecen de valor para Alberto Espina, ya que la ley buscará la rehabilitación de todos los delincuentes jóvenes, obligando a que en su encierro tengan rehabilitación de drogas y alcohol; terminen su escolaridad y aprendan un oficio. "La Concertación nunca ha entendido el valor que tienen los derechos humanos de las víctimas", lamenta Espina. Es por eso que propondrá establecer un "Día de la Víctima", en la que se recuerden los horrores de la delincuencia. "Tal como hoy existe un Día de los Detenidos Desaparecidos", justifica.
